Desde la Cámara Regional de Industria Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO) nos esforzamos para que, nuestra opinión, trabajo, gestiones y servicios que realizamos, sea para favorecer y defender a nuestros asociados, y muchos de los logros y objetivos obtenidos a lo largo del tiempo, han sido de beneficio para la comunidad en general.
El tema que hoy nos convoca, alumbrado público, es de suma importancia y nos involucra y afecta a todos los ciudadanos. Es por eso que, habiendo tomado conocimiento, hace semanas atrás, de la probable ordenanza autorizando la firma de un nuevo contrato y modificación en la forma de cobro de dicho servicio, nos reunimos algunos miembros de comisión directiva, con algunos socios, comerciantes, y con algunos concejales para pedir información y explicaciones al respecto. Al ver que se pretendía cobrar el alumbrado a cada socio de la CELO, un 15% sobre los kw/h consumidos, cifra que nos pareció alarmantemente elevada, y que iba a tener graves consecuencias negativas para muchos ciudadanos, inmediatamente solicitamos una reunión con los directivos de la CELO, en la cual representantes de la CRIPCO se reunieron por aprox. 4 horas, intercambiando puntos de vista y debatiendo. En dicha reunión nos explicaron que sectorizaron las distintas partes de la CELO, y el sector alumbrado tiene un déficit mensual de magnitud importante, y que aparte de estar sin recursos económicos no cuentan con materiales de reposición. Y por tal motivo explicaron, no les queda otra alternativa que cobrar de esa manera. Pero en ese prolongado debate se intercambiaron muchas opiniones y se hicieron varias sugerencias, todo en busca de encontrar una solución al problema, y como resultado de eso se comprometieron los directivos y administrativos de la CELO, que haciendo nuevos cálculos y algunos ajustes, subiendo el monto mínimo, etc. se podría bajar ese porcentaje entre un 9 y 7 %. Este primer avance denota un poco, que la cifra del 15 % fue tal vez un poco apresurada o quizá arbitraria.
Somos conscientes que el problema existe, los costos son muy superiores a lo que se recauda actualmente, los precios o valores necesitan ser actualizados para lograr el equilibrio financiero al menos en ese sector, porque también sabemos, existen muchos otros problemas de otra índole dentro de nuestra CELO, y que vienen de larga data.
Desde la Cámara queremos dejar en claro, independientemente que se haya logrado dialogando bajar el porcentaje, que no estamos de acuerdo con que la tasa municipal de alumbrado sea un porcentaje del kw consumido. Nos parece que no es justo y no es equitativo. Como un ejemplo está el hecho que generalmente en época de verano hay mayor consumo, por lo que se pagaría más por alumbrado, pero en la misma época hay tres o cuatro horas más de sol, por lo tanto, la misma cantidad de horas menos de alumbrado, y por ende menos consumo en el mismo sentido. (Bueno eso sin contar la cantidad de veces que luces de alumbrado están prendidas sin necesidad a plena luz del día, seguramente muchos de uds. habrán sido testigos de eso. Habría que buscar la forma de corregir esos problemas siendo más eficientes y más austeros).
Pero esto es solo una parte del problema. Saliendo de la cuestión puramente numérica y de costos, está el hecho fundamental de que el alumbrado público es una “TASA”, y por lo tanto el pago, indefectiblemente tiene que guardar una relación proporcional con el servicio prestado/recibido por el contribuyente, y el cobro como un porcentaje del consumo de energía no cumple con este principio, lo que puede derivar en el planteo de cuestiones de carácter legal.
También es fundamental que se establezca y calcule con precisión el verdadero costo (no el que dicen que es…) y luego buscar el mecanismo adecuado para la distribución “proporcional” entre los beneficiarios.
El único que puede “establecer” y “cobrar” TASAS es el Municipio, por lo que la responsabilidad recae sobre éste, (al igual que las posibles consecuencias negativas que puede generar la declaración de inconstitucionalidad).
Por otro lado, también creemos que sería conveniente, que la ordenanza y el acuerdo puedan ser revisados cada 3 o 6 meses, y que un conjunto de entidades y socios pueda ver los números reales y observar el impacto en la sociedad. Además, sugerimos que el contrato tenga fecha de caducidad cada 2 años y no una renovación automática.
Por todo lo anterior, creemos que la situación requiere un análisis más detallado y profundo, y debemos seguir dialogando para lograr la forma más correcta y equitativa de cobro, para que nuestra Cooperativa Eléctrica pueda salir del problema y al mismo tiempo que el ciudadano, contribuyente y socio de la Celo, no se vea perjudicado.
